El pasado 23 de octubre, el Nodo Sur de la RIOD celebró el webinar “Políticas de Drogas en Iberoamérica, alertas y desafíos actuales”, un espacio de diálogo abierto entre los equipos de las entidades socias y de organizaciones amigas del Cono Sur en el que se presentó la Declaración de Montevideo. La actividad contó con la participación de más de 30 personas de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, y fue impulsada por ENCARE, Fundación Convivir, Hogar de Cristo, Fundación Anpuy, Fundación Aylen, FONGA, Instituto Empodera, La Caleta, Posada del Inti y Proyecto U.N.O.
La Declaración surge del XXVIII Seminario Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación, celebrado en mayo en 2026 en Uruguay, tras tres días de trabajo e intercambio, y parte de una preocupación compartida: la crisis de los modelos de gobernanza democrática en diversos países y las dificultades para responder de manera integral a las necesidades de las personas y comunidades. Desde el Nodo Sur, el documento se concibe como un material vivo, que debe seguir discutiéndose y profundizándose de forma colectiva.
Derechos humanos frente al giro punitivo
Ante la actualidad política y el regreso de respuestas centradas en la seguridad, la represión y el castigo, la Declaración sitúa los derechos humanos como principio rector de cualquier política sobre drogas. El texto advierte de que el aumento de la criminalización genera más exclusión, violencia y vulneración de derechos, y de que endurecer las políticas no implica necesariamente mayor seguridad. Frente al modelo punitivo, propone un enfoque integral basado en la inversión social, el fortalecimiento comunitario y la garantía de derechos como base de una seguridad sostenible y democrática.
El documento recoge ocho ejes que deben orientar las políticas de drogas: el respeto a los derechos humanos en toda intervención; la articulación de un continuo de cuidados que integre educación, promoción, prevención, tratamiento, inclusión, reducción de daños y gestión de riesgos; la accesibilidad universal y oportuna, eliminando las barreras que genera el estigma; el enfoque interseccional; la superación de la fragmentación institucional, en la medida en que las personas no viven sus problemas de manera fragmentada; unos estándares técnicos adecuados; la escucha y la participación de las personas en todas las etapas, incluyendo a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos; y la reducción de riesgos y daños como una decisión ética, social y política que reconoce la dignidad y promueve el cuidado de la vida.
La Declaración identifica, asimismo, cuatro alertas que requieren atención: la regresión hacia enfoques prohibicionistas, abstencionistas y represivos; el aumento de las desigualdades extremas; la precarización derivada de los riesgos presupuestarios para la continuidad de los programas y de condiciones de trabajo contrarias a derechos; y los desafíos de salud mental asociados a los usos problemáticos de las nuevas tecnologías. Reivindica, además, un Estado presente, ya que cuando este se retira, las economías ilícitas ocupan los espacios vacantes y los costos de la violencia se trasladan a las comunidades.
Un debate sobre el Estado, las nuevas generaciones y el vínculo comunitario
Tras la presentación, el diálogo abordó el contexto político de la región. Se subrayó la necesidad de desarrollar un análisis político claro para la incidencia, el papel de las redes sociales en la construcción de un sentido común que legitima comportamientos problemáticos, y la necesidad de nuevos marcos para abordar fenómenos como la ludopatía digital.
Las intervenciones de las organizaciones pusieron sobre la mesa la brecha generacional en la percepción del Estado, la movilización de parte de la juventud hacia la ultraderecha, la transformación del modelo de trabajo del sector, en el que las entidades han pasado de proponer proyectos a actuar como contratistas, con la consiguiente precarización y pérdida de autonomía y se señaló también cómo las organizaciones han tenido que ampliar su intervención a ámbitos como la vivienda, la violencia de género o el acceso a la alimentación. Frente a la lógica del individualismo y del costo-beneficio, se compartieron experiencias orientadas a recuperar el encuentro y el vínculo comunitario, como la iniciativa uruguaya “El barrio también soy yo” o el trabajo desde la educación popular de La Caleta.
La sociedad civil, actor de incidencia
La Declaración reivindica que la sociedad civil es más que un agente ejecutor de decisiones. Su capacidad operativa, su conocimiento técnico y su experiencia territorial la sitúan como actor clave en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, con una legitimidad comunitaria que la convierte en interlocutor necesario para la incidencia.
Como continuidad, se planteó la celebración de un nuevo encuentro en los primeros meses de 2027 y la necesidad de tejer alianzas más amplias con otras organizaciones y con personas de la institucionalidad pública.
Desde la RIOD, consideramos que avanzar hacia políticas de drogas más justas, eficaces e inclusivas exige fortalecer el diálogo, construir nuevas alianzas y sostener los principios democráticos y del multilateralismo.